El mandatario llegó al Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo) el 1 de julio de 2024 con el slogan de campaña: «gobierno con paso firme», y según dijo también reordenar el Estado y retomar el control político que, según sus aliados, el pais había perdido.

Sin embargo, un año después, la nación centroamericana sigue debatiendo si lo que ha impuesto es liderazgo o una voluntad arbitraria desenfrenada, según analistas.

Durante este primer año, con niveles muy bajos de popularidad, el jefe de Estado ha centrado su administración en una causa que se ha convertido en campo minado: la reforma al sistema de pensiones.

En noviembre de 2024, su gabinete en pleno, presentó un proyecto para modificar la Ley 51, que rige la Caja de Seguro Social (CSS). El Ejecutivo apostó por un proceso rápido y contundente, pero el camino fue espinoso. La Asamblea aprobó el proyecto en marzo de 2025 en medio de cuestionamientos de algunos diputados, sindicatos, organizaciones de educadores, entre otros.

Hoy los gremios docentes mantienen una huelga indefinida y la protestas en la occidental provincia de Bocas del Toro obligaron al Ejecutivo a declarar estado de urgencia con restricciones a garantías constitucionales, pero aún continúan los cierres de vías en rechazo a la norma y otra decisiones como el acuerdo suscrito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares.

Para varios académicos y diputados, el primer año de gobierno de Mulino ha estado signado por una serie de desafíos heredados, que lejos de establecer un verdadero proceso de diálogo nacional, ha optado por el uso excesivo de la fuerza pública y la represión a los adversarios de un modelo que apuesta solo por la empresa privada.

Según explicó al programa Radar, del canal de noticias TVN, la integrante de la Fundación Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, este gobierno entra y se encuentra con la debilidad institucional grave producto de una corrupción endémica que lleva 15 años o 20 de no ser solucionada-.

También se encuentra con las presiones de Estados Unidos de retomar el Canal y poder en duda la soberanía nacional, y eso lo enfrentan con un método de gobernanza no inclusivo y una comunicación que, en lugar de conciliar, ha provocado una mayor crispación social.

Además persisten otros desafíos como la decisión de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón),a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 que ordenó el cierre de sus operaciones; así como la urgente problemática del agua para el Canal de Panamá y el proyecto de construir un embalse en río Indio pero que supone el desalojo de comunidades enteras, cuyos pobladores se oponen a abandonar sus tierras.

Otros asuntos por resolver son los problemas de desempleo y la informalidad galopante en el mercado laboral.

“El presidente tiene un reto fundamental a futuro que es generar certidumbre, confianza a nivel nacional e internacional y, además, hacer una reforma institucional que ponga al ciudadano en el centro de todas las cosas», opinó al respecto Rubén Castillo, abogado y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

De otra parte, en este año ha sido tensa la relación entre el Ejecutivo y el parlamento; y una muestra fue el intento de reducir el presupuesto general del Estado, que encontró significativas barreras.

Sobre el tema la diputada Alexandra Brenes, de la coalición independiente Vamos señalo que tal como lo ha manifestado en su bancada por ningún motivo estaría dispuesta a apoyar a alguien que se va a someter a las decisiones del presidente.

En este contexto, se ha enfatizado la importancia de un diálogo nacional real y constructivo para forjar una agenda de Estado sólida y alcanzar acuerdos en temas esenciales para el país.

Para el diputado Ernesto Cedeño, del partido Movimiento Otro Camino, es una decisión no decantar por nada que tenga ligazón ni con el Ejecutivo ni con el expresidente Ricardo Martinelli ( 2009-2014), ahora asilado en Colombia pero líder del partido de gobierno Realizando Metas.

Este martes, también la elección de la nueva junta directiva del Legislativo genera gran expectativa, con un clamor social por un verdadero equilibrio de poderes y un acompañamiento al Ejecutivo que garantice la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones.

Al respecto, no pocos estudiosos señalan el descrédito de la sociedad en sus autoridades y una incomunicación social de cero diálogos, mientras aún está pendiente que los diputados aborden los ajustes al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

mem/ga