La presidenta del BPS presentó un paquete de medidas para atender 58 mil expedientes de solicitudes de jubilación, entre otros trámites.

De ese total, el 32 por ciento supera el año de antigüedad y el 24 por ciento tiene menos de tres meses.

«Esto es consecuencia del modelo de atención del período pasado», sostuvo Pardo.

Una de las primeras decisiones fue contratar 12 médicos para acelerar las juntas médicas en los casos de incapacidades.

También se eliminarán trámites que «eran redundantes y no aportaban valor» en los procesos de valoración de la incapacidad.

Respecto a la jubilación común, explicó que se aplicará un proceso exprés para quienes ya cumplieron con los requisitos de edad y años de servicio y no tienen ingresos.

«En esos casos, se liquidará rápidamente y si luego corresponde reconocer más años de trabajo, se reformará el monto», detalló.

Además, para las personas que siguen en actividad pero ya reúnen las condiciones para jubilarse, se habilitará una herramienta con información proyectada del haber estimado. «El objetivo es descomprimir el sistema y dar previsibilidad», señaló la funcionaria. Las cifras del BPS muestran que el promedio de demora en los trámites de jubilación común es de 201 días; en las pensiones por invalidez, 189 días; y en los expedientes por incapacidad o subsidios transitorios, 252 días.

El gobierno y el BPS analizan el otorgamiento de un aumento adicional a las jubilaciones más bajas, adelantó Ximena Pardo.

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