“(…) En Sala Plena se va a tomar ya una determinación (sobre el caso del señor Dunn)”, aseguró el secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, respecto al análisis que tendrá lugar este martes.

La pasada semana, el TSE solicitó informes a la Contraloría General del Estado (CGE) y al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para aclarar si Dunn mantiene o no deudas pendientes con el Estado.

“El señor Dunn ha presentado también documentación sobre los pagos realizados. Toda esa documentación va a ingresar mañana a la Sala Plena (…). No puedo adelantar qué es lo que señalan los informes, porque previamente deben conocerlos los vocales”, refirió Arteaga.

Por su parte, el asesor jurídico de la municipalidad de El Alto, Isaac Mauricio, denunció que Dunn tiene 33 procesos coactivos, y ejemplificó con un dictamen de responsabilidad civil que data de 2006, y por el cual el político partidario de aplicar medidas ultraliberales en la economía boliviana fue notificado el 20 de diciembre de ese año.

Sin embargo, el 25 de junio de 2025, día en que vencía la entrega de las sustituciones de candidatos y las fotografías, Dunn consiguió un certificado de solvencia fiscal de la Contraloría.

Con ese aval, presentó los documentos para inscribir su candidatura presidencial por NGP, y aseguró ante la prensa haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el TSE.

Todos esos elementos serán valorados este martes por la Sala Plena del TSE para tomar una decisión.

En tanto, el órgano Electoral Plurinacional (OEP) rechazó la víspera una impugnación presentada por el delegado de la Alianza Libre para revertir la inhabilitación de la candidatura a senadora de la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero, quien incumplió uno de los 11 requisitos.

“La impugnación que ha presentado el delegado de la Alianza, a la que pertenece la señora Luciana Campero, ha sido rechazada”, afirmó Arteaga en conferencia de prensa a las puertas del TSE en el centro de La Paz.

Según la autoridad, el 19 de mayo el delegado de Libre no presentó entre los documentos de Campero, postulada al Senado por el departamento de Tarija, la declaración jurada notarial que certificaba no estar comprendida en los casos de prohibición de incompatibilidad e inelegibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado.

Se trata del requisito cinco de los nueve fijados por ley para los postulantes a las elecciones generales del 17 de agosto próximo.

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