Eso es lo que como Procuraduría General de la Nación (PGN) estamos haciendo, explicó en titular de esa entidad representante constitucional del Estado, Julio Saavedra, en entrevista concedida al diario Prensa Libre.
Ante la pregunta de por qué no regresaron a clases la víspera los profesores participantes, como se esperaba, el funcionario aclaró que el Ministerio de Educación tiene que recabar los informes en cada uno de esos centros y, ya con ese sustento, presentárselo al tribunal.
Así, amplió, este determinará cuáles son efectivamente los que no reanudaron clases y los que mantienen esa suspensión, que es vulneradora tanto del derecho a la docencia como a la alimentación escolar.
Confirmó que existe una violación flagrante y directa contra el derecho de los niños por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y que ese es el sustento por el cual se otorgó el amparo provisional.
Lo que necesitamos establecer con esos informes (de la cartera) es qué centros son los que mantienen esta vulneración, agregó Saavedra.
No obstante, llamó a no criminalizar la función sindical, en concreto la manifestación pública que están haciendo en la capitalina Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo.
Vamos a buscar el cumplimiento estricto de lo resuelto por los tribunales y vamos a seguir fortaleciendo el estado de Derecho a través del cumplimiento de los procesos que están establecidos en la ley.
Insistió en que la PGN seguirá confiando en el sistema de justicia, en que los jueces resuelvan estas controversias.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó antes sobre denuncia presentada contra el STEG por posibles daños al patrimonio tras la medida de presión.
Expuso que derivado de una serie de evaluaciones técnicas realizadas constaron elementos afectados del Palacio, como consecuencia directa de la instalación no autorizada de estructuras temporales.
El STEG llegó a la Plaza Central en desacuerdo con el alza salarial del cinco por ciento establecida por el Ministerio de Educación, algo que –según analistas- nunca reclamaron a administraciones anteriores.
Pese a los amparos otorgados por un juzgado, el líder sindical Joviel Acevedo reiteró que solo mediante el uso de la fuerza serían desalojados del lugar.
Diferentes organizaciones de Guatemala señalaron que el paro (un 10 por ciento de las escuelas públicas interviene) provoca efectos negativos en el derecho a la educación y demandaron que no se utilice a los menores para alcanzar intereses del gremio.
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