El titular se abstuvo de precisar, ante una consulta del diario El Observador, si presentará una renuncia voluntaria a sus fueros, o permitirá que la Asamblea Legislativa tramite una eventual solicitud de levantamiento de esa condición que les corresponde a los dos altos funcionarios.

Rodríguez tampoco respondió al diario de forma directa si entregará una carta a los diputados para eliminar la necesidad del procedimiento en el Congreso, como establecen sus derechos constitucionales.

El ministro de cultura aseguro tener “la conciencia tranquila y la trayectoria limpia. Si hoy se intenta usar el derecho penal con motivaciones políticas, confío –subrayó- en que la verdad y la justicia prevalecerán”.

Los cuestionamientos contra el ministro escalaron el martes luego de que la Corte Plena aprobara el levantamiento de su fuero, en sesión extraordinaria (15 votos a favor y 7 en contra), para responder a una acusación de la Fiscalía por supuesta concusión, emitida el 7 de abril.

El interés de las autoridades constitucionales en este proceso -asegura el periódico- se basa en reconocerle al Ministerio Público la posibilidad de elevar a juicio la denuncia contra el titular de la cartera de cultura.

Rodríguez fue ministro de Comunicación y, antes, jefe de despacho del Presidente Chaves, cargo durante el cual se vio involucrado en el proceso por concusión, asociada a una alta suma obtenida mediante un banco para una estrategia de comunicación en la Casa Presidencial, recordó el diario.

La acusación fiscal sobre la supuesta contratación, adjudicada a la empresa RMC La Productora S. A., fue mediante su directivo el empresario Christian Bulgarelli, con el propósito de canalizar recursos públicos hacia allegados del mandatario, según autoridades judiciales.

Entre estos últimos figura el exasesor de imagen y amigo de Chaves, Federico Cruz Saravanja, quien habría recibido 32 mil dólares destinados a la compra de una vivienda.

Para la Fiscalía, tanto Chaves como Rodríguez Vives sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en la Casa Presidencial, y lo instruyeron para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato que eventualmente ganaría.

La Asamblea Legislativa recibió el martes la solicitud de la Corte Plena, tras la votación en esa última instancia favorable a que esta decida si les levanta al ministro y al presidente sus respectivos derechos de inmunidad.

“Superada esta etapa del proceso, la decisión final queda en manos de las diputadas y los diputados”, indicó el Poder Judicial en un comunicado.

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