El fiscal dedicado a delitos de corrupción de funcionarios solicitó al Poder Judicial la misma restricción tomada para evitar posible fugas a Oliver Burga, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga.

Los cinco son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, cohecho propio e impropio, tráfico de influencias, entre otros delitos, a raíz de producirse intoxicación de escolares por la ingesta de alimentos en mal estado.

También serían responsables de favorecer a cambio de sobornos de empresas proveedoras o intermediarias para el abastecimiento de las escuelas de zonas pobres en el marco de un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que estuvo a cargo de la actual presidenta Dina Boluarte.

La confianza de Boluarte en su ámbito ministerial hizo convocar a Hinojosa como su vocero, papel que dejó de cumplir tras las denuncias de intoxicaciones de escolares, sin dejar el entorno de la presidenta.

La Fiscalía pidió también que se impida viajar al exterior a los funcionarios Noemí Alvarado, Melvin Claros, Julissa Michelini, Erick Arones y Víctor Delgado, también investigados.

El impedimento de salir del país por cuatro meses fue planteado para los involucrados Gladys Ramírez, María Lino, Jerrold Gavidia, Hilmar Espinoza, Inés Cribillero, Jesús Flores, Carloman Vivaque, Kelly Janampa, Kevin Salon, Llony Ramírez y Carlos Rodríguez.

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