La propuesta fue de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que acusó al exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana como sospechoso de esos cargos, vinculados al llamado caso legal Turesky seguido por dichos delitos, añadió el periódico CR Hoy.com.
Cascante –alega esa instancia- impulsó dos proyectos de construcción con los citados empresarios y aprovechó su cargo para ejercer influencia ante el Instituto Costarricense de Turismo, el Banco Popular y otras entidades para favorecer a una banda que exportaba cocaína oculta en otras cargas rumbo a Europa, según el diario.
Los funcionarios no accedieron a las gestiones, pero los fiscales presumen que, de igual manera, el exlegislador recibió pagos en dádivas mediante transferencias, mientras una investigación de la Procuraduría de la Ética Pública concluyó que Cascante intervino al menos en 13 ocasiones en favor de los empresarios involucrados.
Según el informe del Ministerio Público, el exparlamentario habría infringido el deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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