Según publicó en su cuenta en redes sociales el secretario de organización del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, el Gobierno dictatorial de José Raúl Mulino insiste en acciones legales para intimidar y deslegitimar a ese colectivo, que no cejará en la lucha por reivindicaciones sociales.
El Suntracs, cuyo secretario general Saúl Méndez, permanece bajo protección temporal en la embajada de Bolivia en esta capital tras amenazas a su vida, es una de las víctimas de la persecución por encabeza las manifestaciones contra la Ley 462 del seguro social y un memorando suscrito por el Ejecutivo con Estados Unidos, lesivo a la soberanía nacional.
También señalaron que Erasmo Cerrud, secretario de defensa de Suntracs, tuvo que refugiarse en la embajada de Nicaragua en esta urbe; mientras contra Jaime Caballero y Genaro López- este último líder histórico de la agrupación- permanecen bajo medidas cautelares distintas en espera de procesos judiciales amañados por blanqueo de capitales, entre otros cargos, según denuncias.
Córdoba rechazó además las recientes declaraciones de Mulino felicitando a los organismos de seguridad, los mismos que con el uso excesivo de la fuerza en la provincia de Bocas del Toro y en Arimae (Darién) violaron derechos humanos, civiles y sindicales, en el mismo territorio que hace 15 años tuvo lugar la masacre de la población de Changuinola por manifestarse contra leyes arbitrarias.
Sobre este asunto, la profesora universitaria Galia Pérez señaló en artículo reciente denominado La guerra comunicacional contra Suntracs: el sindicalismo clasista como “enemigo público”, que el Ejecutivo utiliza mecanismos como campañas mediáticas y la criminalización de protestas, mientras el colectivo resiste con el apoyo de sociedad civil, la Iglesia y organismos internacionales.
El discurso contra Suntracs, según la académica, tienes entre sus ejes además el uso de medios de comunicación afines y las narrativas de seguridad nacional, para justificar el uso de presencia policial armada con exagerados pertrechos militares en un país que constitucionalmente abolió el ejército.
En paralelo, agregó, el Estado ha implementado acciones directas para debilitar la capacidad organizativa del gremio de los constructores como el cierre de cuentas bancarias (desde noviembre de 2023) o el cierre de su Cooperativa, bajo acusaciones de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y otros delitos
Pese a la fuerte intimidación y persecución económica, política y la violencia policial, Suntracs no está solo ante los arbitrios, indicó la experta.
También la Iglesia católica, algunos diputados y personalidades y ONG nacionales y organizaciones internacionales convidan a un dialogo para resolver esta confrontación, pese a la negativa del Ejecutivo; e instan al cese de la represión contra el pueblo panameño.
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