La referida normativa, adoptada por la administración del presidente Luis Lacalle Pou, establece la posibilidad de derribar aeronaves en vuelos irregulares, cual arma contra el narcotráfico.

En reciente visita aquí del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, le fue adelantada la decisión de las actuales autoridades uruguayas de cambiar esa legislación, a la que se opuso el presidente Yamandú Orsi en su campaña electoral el año anterior.

Para la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se trata de un asunto legal que obliga al Estado a cumplir compromisos adoptados.

«Uruguay es parte del protocolo de Montreal que establece normas claras para la aviación civil, nosotros adherimos, firmamos ese convenio. Esta ley lo contraviene”, remarcó.

Esa normativa, con la que Washington no comulga, sería un impedimento para la venta de armamento estadounidense a Uruguay, según coinciden Lazo y el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz.

Presto para criticar a las actuales autoridades, el senador del Partido Nacional, Javier García, arremetió contra el fin de la ley derribo.

El ex ministro de Defensa acusó al gobierno de “izquierda” de “arrodillarse ante el imperio” y permitir a Washington “vetar las leyes” nacionales.

“Que (EEUU) legisle y nos diga qué acepta y qué no de nuestras leyes es permitir que Estados Unidos tenga poder de veto sobre Uruguay”, sostuvo García.

Durante su mandato como titular de Defensa los vínculos militares con Estados Unidos fueron reforzados, incluida una visita suya al Pentágono.

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