De acuerdo con la superintendente interina Patricia Soto, ya solicitaron a la Policía de Investigaciones la entrega de información para identificar si hubo salidas y entradas al país de esas personas cuando estaban de reposo.
La investigación al sector privado ocurre después del escándalo provocado tras revelaciones de la Contraloría de que entre 2023 y 2024 más de 25 mil empleados públicos usaron de manera fraudulenta certificados médicos para viajar al exterior.
“El informe de la Contraloría fue un insumo fundamental y nos mostró la necesidad de reforzar la fiscalización también en el mundo privado”, dijo Soto.
Las autoridades tratan de detectar, además, a quienes trabajaron para otro empleador cuando supuestamente estaban enfermos, así como eventuales casos de doble subsidio.
Esta investigación incluye a los médicos que emitieron licencias sin fundamento.
La Superintendencia de Seguridad Social enviará todos los antecedentes al Ministerio Público.
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