En sesión plenaria se conoció que dicho decreto tiene entre sus objetivos proteger y garantizar los derechos y libertades de ciudadanos rusos y nicaragüenses.
Con el acuerdo, los dos países asumieron el compromiso de abstenerse a intervenir en los asuntos soberanos de la otra parte mediante el uso de la justicia penal internacional, nacional o ayudando a una tercera parte en el uso de la justicia penal internacional o nacional.
“Reflejamos el compromiso del Estado nicaragüense con la dignidad humana, la paz verdadera y el respeto mutuo entre los pueblos”, expresó el diputado Filiberto Rodríguez, quien calificó el convenio como un acto de responsabilidad histórico.
“Es una declaración firme que los derechos humanos no pueden ser condicionados, manipulados, ni utilizados como armas políticas porque en el mundo de hoy donde se habla de justicia, somos testigos de cómo ciertas estructuras de poder internacional han desvirtuado su propósito inicial”, subrayó.
En esa línea, el parlamentario señaló que se proclama la defensa de los derechos humanos, pero se practica la selectividad, se invoca a la paz, pero se aplican mecanismos de persecución geopolítica y crímenes que quedan en la impunidad.
Por su parte, la diputada Iris Montenegro manifestó que no se trata de un compromiso bilateral más, sino de una declaración firme de principios, “un gesto de soberanía compartida y una estrategia clara de defensa ante la realidad internacional que está marcada por la instrumentalización política de países hegemónicos”.
Recordó que Nicaragua como Estado soberano y miembro activo de la comunidad internacional ha sostenido en foros multilaterales que la paz duradera y la cooperación internacional deben estar fundamentadas en el respeto mutuo, la no injerencia y el principio de autodeterminación de los pueblos.
Según refiere el portal web El 19, el acuerdo garantiza una especial protección a personas que en ambos países se han destacado en la promoción de la paz, la justicia, el bienestar de las familias y comunidades.
Además, promueve que la justicia internacional sea llevada a efecto ajustándose los principios de imparcialidad, respeto al derecho internacional a la dignidad humana y al Estado de derecho de los miembros de la comunidad internacional.
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