En un comunicado, la DGI afirmó que no ha habido modificaciones en su política migratoria, la cual se rige por las leyes y regulaciones cambodianas.

Asimismo señaló que los funcionarios de inmigración tienen la autoridad para denegar la entrada o la extensión de estadía temporal a individuos que no cumplan con las condiciones legales establecidas.

Estás incluyen intenciones de viaje poco claras, recursos financieros insuficientes, falta de garante local o sospechas fundadas de participación en actividades que pudieran afectar el orden público, la moral social o la seguridad nacional.

La DGI explicó que el incremento en los intentos de entrada al país por parte de extranjeros con antecedentes penales o presunta participación en actividades ilegales llevó a un refuerzo de los controles y medidas de aplicación de la ley.

Estas acciones, aclaró, no buscan imponer restricciones discriminatorias, sino salvaguardar la seguridad nacional y prevenir delitos transnacionales como la trata de personas, el narcotráfico y el fraude en línea.

El comunicado enfatizó que no existe una política para prohibir o restringir visas a extranjeros de ninguna nacionalidad, y que los funcionarios simplemente cumplen con sus deberes conforme a los procedimientos legales.

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