Los jueces de Casación dictaminaron que la expresidenta tendrá que solicitar permiso para recibir en el domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, las visitas de personas que no estén en el listado entregado al juzgado que incluyen a familiares, abogados o médicos que cuentan con un acceso irrestricto al domicilio.

Respecto a la tobillera, decidieron que deberá continuará la vigilancia electrónica porque “hasta el momento no se ha incorporado elemento probatorio alguno que acredite la existencia de un impedimento material, técnico o médico que torne inviable o desaconsejable la utilización del dispositivo”.

Según los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña esta medida permite un control judicial efectivo como así también le otorga una protección jurídica ante los posibles riesgos procesales como a la seguridad personal de la exmandataria.

No obstante, la Corte de Casación rechazó la solicitud del fiscal Mario Villar de que la exdignataria se fuera a vivir lejos de Buenos Aires.

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