El documento entraña el compromiso de los maestros de volver a las aulas y reiniciar con normalidad desde el próximo lunes el curso lectivo, interrumpido por las protestas en el sector público desde el pasado 23 de abril.

Según la nota oficial, 21 agrupaciones suscribieron ese texto, pero unas cuatro señalaron que antes deben consultar con sus bases, entre ellas la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Educadores de Veraguas, que exigían la derogación o cambios en la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, un asunto que ni siquiera se trató en esas pláticas.

Tampoco firmaron el texto los representantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, conoció Prensa Latina.

Los docentes pedían además el pago retroactivo de sus salarios descontados a partir del inicio del paro, la suspensión de los procesos de reemplazo a los profesores notificados y la garantía de que no se tomarán acciones contra quienes participaron en las manifestaciones.

Sin embargo, el documento firmado no garantiza el pago de los salarios y sobre los procesos de reemplazo, Molinar indicó que ya no se harán más, pero los que ya se hicieron – unos 700 casos en todo el país – deberán seguir su debido proceso.

Acerca de esta tensa situación que ha mantenido en vilo al país por más de dos meses el dirigente de la Asoprof, Diógenes Sánchez, cuestionó las medidas represivas del Gobierno de José Raúl Mulino para defenestrar a cientos de docentes.

Sánchez subrayó que la lucha continuará en otros frentes como la presentación de recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia, por violaciones a sus derechos laborales y ciudadanos.

El pasado jueves en su habitual conferencia de prensa semanal, el jefe de Estado afirmó que tiene que haber un precedente duro contra los maestros que están en huelga en demanda de pensiones dignas, a quienes acusó de afectar la educación nacional.

Para Sánchez, se necesita de la solidaridad de otros sectores frente a la negativa de Mulino a dialogar , lo que se contradice con la actitud de diputados y representantes de la Iglesia Católica, que han escuchado sus reclamos para buscar soluciones negociadas al conflicto.

En la semana se conoció además que el Parlamento Europeo acordó excluir a Panamá de su lista de jurisdicciones con alto riesgo y deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Sobre la decisión , el Gobierno alabó que el país recupera la confianza internacional, lo que a su vez abre puertas a la inversión extranjera del viejo continente en la nación centroamericana.

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