En un comunicado, el organismo hace un recuento de los hechos y los reportes del gobierno del presidente José Raúl Mulino, así como de las organizaciones sociales en protesta.

La CIDH tomó nota de los esfuerzos del Estado panameño por actuar dentro del marco constitucional y legal, como lo denunciado por organizaciones sociales e indígenas, sobre “la intervención de las fuerzas de seguridad durante las protestas ha resultado en desalojos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas y estigmatización hacia líderes indígenas”, indica el texto citado por el diario La Estrella de Panamá.

En ese sentido, indicó que todo acto de violencia no ampara el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado.

“La suspensión de derechos y garantías solo está autorizada en circunstancias extraordinarias y debe observar los límites estrictos establecidos por la Convención Americana”, remarca el documento.

Desde el pasado 23 de abril, en el istmo comenzó una huelga y protestas, impulsadas por sindicatos, gremios docentes e indígenas, que denuncian que la ley del seguro abre las puertas a la privatización y ofrece “pensiones de hambre”, lo que niega el Ejecutivo.

Sobre el estado de urgencia, que suspendió derechos constitucionales- en la occidental provincia de Bocas del Toro, la CIDH indicó que las garantías y protección judiciales deben ser salvaguardadas aun en estados de excepción.

En cuanto al bloqueo de comunicaciones en la provincia, agregó que pueden constituir restricciones ilegítimas a los derechos de asociación y reunión.

También señaló que el Estado expresó su “voluntad de investigar” denuncias sobre uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias”.

Según la Defensoría del Pueblo, citada en su informe por la CIDH en su pronunciamiento, habría indicios de violaciones graves a los derechos humanos en el territorio fronterizo con Costa Rica, reclamo que se suma a otros similares por abogados y activistas en otras provincias del país.

Cifras oficiales señalan que en Bocas del Toro hubo más de 370 detenidos y al menos tres fallecidos que se mantienen en investigación.

También se mantiene abiertos varios procesos judiciales contra dirigentes sindicales y docentes, que estos últimos denuncian estarían influidos políticamente, señalamientos que el Ejecutivo también rechaza.

La CIDH instó en su informe a continuar el diálogo y pidió al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en garantizar los derechos humanos.

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