Se trata de un esfuerzo en el que participan el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Banco de Previsión Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Según el titular del Mides, Gonzalo Civila, son más de cinco mil 300 los menores en edad de cursar la educación obligatoria, pero que no fueron matriculados al sistema.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó la relevancia de la vinculación de esos niños y adolescentes, pues “garantiza otro conjunto de derechos” no sólo a la educación, sino también al acceso a la salud, a la matriz de protección social, y a “un montón de intervenciones que se pueden realizar desde la política pública”.

La dirección de Educación Inicial y Primaria de la ANEP inició la labor de búsqueda y captación y en ello participan inspectores, directores, maestros y funcionarios no docentes; también con el Programa de Maestros Comunitarios.

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