De acuerdo con esa cartera, en la ofensiva también contra el proxenetismo y el tráfico ilícito de migrantes participaron 35 fiscales y más de 500 agentes.
La operación es liderada por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata (región norte del país).
Incluyó 29 allanamientos y la intervención de 12 pensiones con más de 250 habitaciones, además de 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas.
Durante el ejercicio fueron halladas 174 mujeres y seis menores de edad, además de 22 hombres, armas de fuego y diversas evidencias vinculadas a delitos como trata de personas, tráfico de migrantes y venta de drogas, precisó el referido Ministerio.
La procuradora general adjunta, Yeni Berenice, sostuvo que esta operación tiene varias fases y va mucho más allá de una simple acción de interdicción.
Puntualizó que incluye acciones estructurales y sostenibles para erradicar el crimen organizado en la zona.
Con ese propósito, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de una Fiscalía Especial en el municipio Sosúa, que dará continuidad a las investigaciones.
Trascendió que la segunda etapa también contempla la implementación de patrullaje permanente, interdicciones focalizadas, y la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad e Iniciativas de Desarrollo Sostenible en Sosúa, situado a unos 25 kilómetros de la capital de Puerto Plata.
En esta estrategia participan, además, los Ministerios de Interior y Policía, y de Defensa, la Policía Nacional, la Dirección de Control de Drogas (DNCD) y el Ejército, entre otros organismos.
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