En conferencia de prensa, la titular detalló que ese plan de emergencia comprende Huehuetenango, Izabal, El Progreso y Jutiapa, para propiciar el tiempo pedagógico perdido sin alterar a quienes mantuvieron su jornada normal.

“Estamos trabajando en una metodología con las más altas calidades técnicas para garantizar refuerzos académicos específicos”, describió la funcionaria desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.

Mencionó también campañas de comunicación locales en los idiomas mayas mam, q’eqchi, q’anjob’al y español para desmontar rumores sobre supuestos despidos o cierres de programas que la propia dirigencia sindical divulga.

Durante años se eludió confrontar los privilegios ilegales otorgados en pactos colectivos que convirtieron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Guatemala en un ministerio paralelo, explicó Giracca.

Actualmente –subrayó dentro del habitual espacio llamado La Ronda- honramos el mandato del artículo 78 de la Constitución, el cual refiere que el Estado a través del ministerio dirige la política educativa y no un grupo particular.

La ministra afirmó que el pueblo chapín atraviesa una prueba de carácter y de principios ante tales manifestaciones.

Mientras el país permanece bajo alerta naranja por la secuencia de sismos, una parte de la dirigencia de ese gremio insiste en bloquear carreteras y mantener un paro que afecta entre el 10 y el 15 por ciento de las escuelas, remarcó.

Estos actos, además de ilegales, ponen en riesgo la seguridad de la población al obstaculizar rutas viales para la respuesta ante emergencias, señaló la titular.

Instó al Ministerio Público a avanzar en las investigaciones por desobediencia y exhortó a la Corte Constitucional a resolver lo más pronto posible las apelaciones de amparo que son utilizadas para confundir e intimidar a supervisores y directores departamentales.

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