En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, el mandatario subrayó que en ese sistema es donde se ve un uso arbitrario e indebido de las medidas de arresto y de prisión preventiva con fines políticos y la aplicación de dobles estándares.

En este contexto, acotó el jefe de Estado, la semana pasada se otorgó arresto domiciliario a Melvin Quijivix, investigado por lavar más de 85 millones de quetzales (poco más de 11 millones de dólares) y ocupar una plaza fantasma en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Ello, insistió en el espacio llamado La Ronda, contrasta con gente que está enjuiciada de manera espuria y en el marco de una criminalización de sus esfuerzos por la libertad de prensa, la democracia, como José Rubén Zamora, Eduardo Masaya, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

El abanderado del partido Movimiento Semilla, de 66 años, mencionó además a Estuardo Campo, quienes –agregó, guardan prisión preventiva de manera arbitraria y prolongada.

Este contraste evidencia el sesgo con el que opera el sistema de justicia y la medida en que muchas de sus partes siguen respondiendo a la corrupción, remarcó el sociólogo de profesión, exdiplomático y exdiputado.

Por otra parte, amplió Arévalo, nos preocupa la resolución de la Corte de Justicia General que suspendió provisionalmente el Acuerdo de Medio Ambiente, conocido como Proveedores Transparentes, lo que consideró será adverso.

Explicó en qué consiste esa iniciativa y precisó que procura que el Estado, por medio de distintas instituciones, pueda conocer quiénes son las personas individuales que controlan las entidades con las cuales se contrata.

Esa decisión, abundó el presidente, no es una sentencia definitiva, pero tiene múltiples efectos negativos porque constituye un obstáculo en la medida en que promueve niveles de opacidad respecto a los proveedores.

Debilita –añadió- la capacidad del Estado para identificar riesgos de corrupción y posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos y empresas contratistas.

Facilita el uso de empresas fachada o testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los contratos públicos, enfatizó el mandatario.

Adelantó que su administración presentará lo que corresponda cuando llegue el momento ante la Corte de Constitucionalidad.

“Porque estamos convencidos de que esta medida es fundamental para que no se vean comprometidas las acciones que se están tomando contra la corrupción y, muy importante, para frenar el lavado de dinero”, aseveró Arévalo.

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