El senador Santiago Zorrilla, coordinador de la comisión que estudió la pieza, explicó a la prensa que están a la espera de una propuesta de la Procuraduría y de las observaciones de algunas personas, que expresaron interés en hacer aportes, aunque no ofreció más detalles.
Zorrilla comunicó que el Congreso volverá a reunirse el próximo jueves y aseguró que antes del 26 de este mes el Código estará listo para su firma por el presidente Luis Abinader.
El Senado de la República aprobó el jueves pasado, por unanimidad y en primera lectura, el nuevo Código Penal Dominicano, un texto en el que no figura la despenalización del aborto en las llamadas tres causales (violación, incesto y malformación congénita), y contempla un castigo de prisión de dos a tres años en caso de interrupción del embarazo.
Entre los nuevos tipos penales tipificados figura el terrorismo, el genocidio, la desaparición forzada de personas, la inducción al suicidio, daños con sustancias químicas, el robo de identidad y la actividad sexual no consentida.
Decenas de organizaciones sociales dominicanas agrupadas en la “Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código” alertaron la semana pasada sobre los peligros del proyecto de Código Penal, propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional.
Denunciaron que la pieza adiciona elementos que agravan la situación de justicia, derechos humanos y libertad de expresión en el país.
Coincidieron en que uno de los aspectos más delicados es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, los ayuntamientos, partidos e iglesias, lo que “significa darle carta blanca a la corrupción y a los abusos desde el poder”.
Además, criticaron que el proyecto establece que los casos de corrupción sólo podrán investigarse hasta 20 años después de haber ocurrido, cuando deberían ser imprescriptibles.
De acuerdo con las organizaciones, también debilita la figura del «feminicidio» al limitarla a casos muy extremos.
Se esperaba que este martes el Senado diera luz verde al documento en una segunda discusión y lo enviaría a la Cámara de Diputados, que deberá repetir el mismo proceso antes del 26 de julio, cuando finaliza la actual legislatura.
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