La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Marcela Arellano, acudió este martes a la Corte Constitucional y presentó la más reciente denuncia contra la normativa.

De acuerdo con la dirigente, la Ley atenta contra los derechos de los trabajadores y también deja en indefensión a servidores públicos.

La disposición establece reformas en la función judicial, cambios en la contratación pública, endurece penas para adolescentes para que sean juzgados como adultos, incluye modificaciones en el sistema de cooperativas financieras y bancos, y extingue el de recargos e intereses a grandes evasores.

En total, modifica 19 cuerpos legales.

La Ley ha generado fuerte rechazo por parte de sindicatos, estudiantes, juristas y ciudadanos, que denuncian retrocesos de derechos con esa y otras medidas aprobadas recientemente.

“La ley de solidaridad, la Ley de Integridad y la Ley de Inteligencia no son leyes que estén a favor del pueblo. Lo que hacen es reducir la responsabilidad del Estado y afectar a la mayoría de la población”, afirmó Arellano.

Tras la publicación en el Registro Oficial de esos cuerpos legales, ya se registra una veintena de demandas de inconstitucionalidad por su fondo y forma, y la de Integridad Pública es la que más cuestionamientos presenta.

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