Con esa normativa, los servicios de inteligencia del Estado podrán solicitar información a operadoras telefónicas sin orden judicial, la única condición es que la solicitud esté justificada y se maneje como información secreta.

La disposición, aprobada el pasado 10 de junio en la Asamblea Nacional (Parlamento), no establece mecanismos de control ni instancias de apelación ciudadana, por lo cual genera preocupación.

La Ley reemplaza al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que tendrá rango ministerial, autonomía administrativa y financiera, y será el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia.

Noboa impulsó la norma en el contexto de su estrategia de seguridad, con la que busca desmantelar organizaciones criminales que operan en el país, uno de los que más homicidios reporta en la región.

Sin embargo, para legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) como Ricardo Patiño, la Ley en cuestión tendrá cero resultados contra la inseguridad, crea un “precedente nefasto” y constituye un “espionaje institucionalizado”.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley por considerar que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, y la privacidad.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, señaló que el texto legal abre la puerta para que las organizaciones sociales sean vigiladas con el pretexto de controlar a los grupos delictivos.

“Tememos que la persecución también se dirija a dirigentes sociales”, advirtió Bedoya.

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