La normativa, aprobada en abril, pero vigente desde este martes, busca supuestamente proteger la seguridad nacional según el gobierno finlandés, que la justifica por el contexto geopolítico tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en 2022.

Häkkänen destacó que esta prohibición era una reforma pendiente desde hace años, en referencia al extenso historial de tensiones fronterizas con Rusia, que comparte mil 340 kilómetros de límite con Finlandia.

La ley afecta tanto a personas físicas como jurídicas con más de un 10 por ciento de participación accionaria rusa o bielorrusa, aunque excluye a residentes permanentes y titulares de permisos especiales.

Analistas señalan que la medida podría impactar especialmente en regiones fronterizas como Karelia del Sur, donde inversores rusos adquirieron numerosas propiedades vacacionales en la última década. Esta decisión se produce cuando Finlandia, miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte desde 2023, refuerza su cooperación militar con Estados Unidos y Suecia ante lo que considera amenazas híbridas desde Moscú.

Por su parte, el Kremlin aún no ha reaccionado oficialmente, aunque fuentes diplomáticas anticipan posibles represalias comerciales contra empresas finlandesas en Rusia.

Finlandia se suma así a países como Polonia y los Estados bálticos, que implementaron restricciones similares desde el inicio del conflicto ucraniano.

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