El grupo de profesionales acudió a la Corte Constitucional y entregó otra demanda de inconstitucionalidad contra esa normativa, que ya acumula varias acciones legales en busca de su derogación.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, cuestionó que la disposición fue hecha en tres o cuatro días, sin ningún respeto para convocar a los sectores que deberían participar en su discusión.

El dirigente gremial señaló que varios artículos afectan derechos laborales y debilitan el sistema público de salud.

Según denunció, la Ley permite despidos arbitrarios, impone evaluaciones punitivas y atenta contra la estabilidad laboral de médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales sanitarios.

“Nos quieren evaluar con parámetros de excelencia, pero ¿qué es excelencia cuando no hay insumos, no hay medicamentos y se persigue a los profesionales?”, dijo Carrasco a la prensa.

El gremio busca también la declaratoria de emergencia del sistema nacional de salud, una medida que podría ayudar en medio de la falta de especialistas, insumos, infraestructura y seguridad para los profesionales.

El sector salud se suma así a otros que ya acudieron a la Corte Constitucional para revisar recientes leyes aprobadas por la Asamblea.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública y solicitaron medidas cautelares para suspender su aplicación mientras se resuelve el proceso.

Luis Ávila, abogado de la Asociación, comentó que la disposición afecta al menos 25 cuerpos normativos no relacionados entre sí, algo que vulneraría el principio de unidad de materia.

Se espera que esta tarde estudiantes universitarios se movilicen en rechazo a esa misma Ley, que según aseguran, permitirá despidos masivos y, por tanto, menos docentes en las universidades y, a su vez, menos cupos para ingresar a las instituciones de educación superior.

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