“Estamos próximos a la audiencia número 50 (del juicio) y el Ministerio Público no ha podido probar lo que se me imputa, el delito de rebelión”, dijo, pues no se levantó en armas cuando decretó la disolución del Parlamento y la reorganización del sistema de justicia y proclamó un gobierno de excepción, el 7 de diciembre de 2022.

Citó en su alegato el artículo 346 del Código Penal, según el cual comete delito de rebelión “El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional”

Castillo sostuvo que hasta la Policía Nacional ha admitido que no hubo alzamiento en armas. Las Fuerzas Armadas desacataron su decreto y fue apresado por su escolta policial, encarcelado y destituido por el Congreso de mayoría opositora a su breve administración.

Dijo que rechaza el juicio en su contra porque “no es legal, es político y espero que la historia y la razón estén de nuestro lado”.

Los partidos, medios de prensa y otros sectores adversos al exmandatario lo califican como golpista, dan a entender que merece ser condenado por ello y sostienen que cometió delito de rebelión por haber ordenado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que cumplen su decreto, lo cual no acataron.

Mientras tanto, la ex primera ministra de Castillo, Betssy Chávez, presa como él, entró hoy en eu tercer día de huelga de hambre en protesta por el acoso y el chantaje que, afirma, sufre en la prisión femenina en la que cumple prisión preventiva.

El exgobernante incluyó un ingrediente de humor a su discurso, al señalar que se le acusa hasta de usar a los perros adiestrados de la Policía para disolver el Parlamento.

Añadió que “jamás me hubiese atrevido a sacrificar esos animalitos, para cerrar el Congreso hubiera usado un gato”, obvia alusión a uno de los insultos (“ratas”) usados contra los integrantes del impopular Legislativo.

La Fiscalía pide que el expresidente sea condenado a 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Para sus coacusados Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, y los oficiales de Policía, general Manuel Lozada, comandante Jesús Venero y teniente Eder Infanzón, el Ministerio Público pide 25 años de cárcel, y para el ex primer ministro y ex asesor de Chávez, Aníbal Torres, 15 años de encierro.

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