La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, presentó la demanda ante las autoridades judiciales, que serán las encargadas de ese proceso, según explicó.
La funcionaria alegó que el Código de Trabajo establece que cuando una organización social se aparte constantemente de los fines por los que fue creado es una causal para solicitar su disolución.
A su juicio, ese colectivo ha desvirtuado su propósito original de defender los derechos de los trabajadores y ha incurrido en múltiples irregularidades, entre las que mencionó actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
El pasado 14 de mayo, el mayor sindicato del país istmeño que lidera diversas causas populares, la más reciente contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, ratificó el inicio de elecciones internas, en medio de la persecución del Gobierno.
José Víquez, de la dirección de Suntracs, precisó que ese proceso se realiza regularmente cada tres años, tal como lo establecen los estatutos de la organización.
También desmintió que los comicios respondan a presiones y el acoso actual del Ejecutivo, tal como lo han presentado medios de la prensa local.
La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de la organización que lideró desde el pasado 28 de abril una huelga y otras acciones de protesta a nivel nacional también contra un memorando suscrito entre el Ejecutivo y Estados Unidos, lesivo a la soberanía nacional, según denuncias.
El anuncio se da semanas después de que el Ministerio Público girara, el pasado 21 de mayo, órdenes de aprehensión contra 15 miembros de la directiva sindical.
Víquez denunció además que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado en varias oportunidades su intención de reducir a Suntracs a su mínima expresión, utilizando la fuerza del Estado.
“No permitiremos que desaparezcan al Sindicato, a pesar del cierre de cuentas bancarias, las persecuciones a dirigentes y que más de 120 afiliados se encuentran sometidos a juicios amañados”, agregó.
Entre los dirigentes mencionados figuran Jaime Caballero, secretario de relaciones nacionales e internacionales, actualmente detenido en La Nueva Joya bajo investigación por presunto blanqueo de capitales; y Genaro López, ex secretario general, quien cumple detención domiciliaria por presuntos delitos de estafa agravada, asociación ilícita, falsificación de documentos y blanqueo.
Asimismo, dijo, Saúl Méndez, actual secretario general, permanece en la Embajada de Bolivia, donde solicitó asilo para salvaguardar su vida; al igual que Erasmo Cerrud, secretario de Defensa, que hizo lo mismo en la legación diplomática de Nicaragua, en esta capital.
Suntracs afirmó que no se rendirá ante la arremetida del gobierno de turno, que intenta silenciar y desaparecer a la organización.
“Su ataque no es solo contra nosotros, sino contra todo el movimiento popular y sindical”, precisa un mensaje reciente en las redes sociales.
rc/ga
