Mediante un acuerdo oficializado en el Diario de CentroAmérica, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que busca garantizar la seguridad de las personas, comunidades vecinas, el medio ambiente y los bienes, equipo e infraestructura y las propias operaciones del rubro.

Detalló en el texto que realizará la contratación de la empresa que prestará los servicios (también de desmantelamiento de las instalaciones y el abandono del campo) en un plazo que no exceda de 45 días, por invitación pública.

El Gobierno de este país, a través del MEM, firmó el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación 2-85 el 5 de agosto de 1985 con las empresas Hispanoil y Basis Petroleum International Limited (Basic Resources).

Un año después, la primera se retiró y quedó sola la segunda operando hasta el 2001, cuando la compañía Perenco, de origen franco-británico, tomó el acuerdo e inició la extracción del producto.

Luego sobrevino modificación en 2010 y búsqueda por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) de modificar la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83, para crear una figura que permitiera a esta y otras seguir laborando en el país.

Sin embargo, el mandatario Bernardo Arévalo negó la posibilidad de ampliar el contrato 2-85 en el campo Xan, que vence en agosto próximo y que la normativa actual impide prorrogar.

El ministro de Energía y Minas de Guatemala, Víctor Hugo Ventura, en una entrevista realizada el 12 de marzo pasado subrayó que el acuerdo con Perenco llegó a su plazo de 40 años, y se realizará una tarea de cierre programado.

El titular argumentó que eso permitirá hacer una recuperación de las áreas intervenidas (explotadas) en la parte de Laguna del Tigre, “un sellado perfecto y no un abandono”.

La actividad petrolera se concentra en el PNLT y su zona núcleo, el Biotopo de la Laguna del Tigre, las cuales abarcan un área extensa de la Reserva de la Biosfera Maya.

Analistas locales señalan que las empresas dedicadas al rubro aprovechan un alto porcentaje de ese territorio, al igual que otra clase de inversiones extractivas de recursos naturales renovables y no renovables.

Forman parte de los grupos de poder criminal -según investigaciones- que tienen el control político del Estado en el departamento de Petén, fronterizo con México y Belice.

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