Hasta la fecha, suman al menos 23 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional de esta nación sudamericana.

El mayor número de acciones legales se concentra contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que acumula 16 pedidos de impugnación.

Le siguen la Ley de Solidaridad Nacional, con seis, y la Ley de Inteligencia, con una.

Las más recientes denuncias fueron presentadas este miércoles por la Federación Médica Ecuatoriana y la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador.

Entre los temas más controvertidos está el sistema de evaluaciones a funcionarios públicos, al que los demandantes acusan de abrir la puerta a posibles despidos arbitrarios.

“Nos evalúan a diario, pero sin condiciones adecuadas de trabajo. ¿Cómo se puede hablar de desempeño si no hay ni paracetamol para entregar?”, señaló Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, que marchó la víspera en rechazo a las disposiciones.

La mayoría de las demandas provienen de gremios laborales y académicos, como los docentes de la Universidad Central, el Frente Popular, asociaciones del sector financiero popular y solidario.

Algunos de ellos han salido a las calles en rechazo a las disposiciones.

De acuerdo con el procedimiento legal, la Corte Constitucional deberá analizar cada una de las demandas y las que sean admitidas a trámite podrían acumularse en un solo proceso para su evaluación conjunta.

Estas normas, enviadas con carácter urgente al Legislativo por el Ejecutivo, fueron aprobadas en medio de un escenario político polarizado, y, según el Gobierno, forman parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad y mejorar la gestión pública.

A esas leyes mencionadas se suman otras dos también polémicas: la Ley de Inteligencia, bajo la cual los servicios de inteligencia del Estado podrán solicitar información a operadoras telefónicas sin orden judicial; y la Ley de Áreas Protegidas, que permite a entidades privadas, incluidas empresas extranjeras, participar en la gestión de zonas de conservación.

La oposición y diversos sectores de la sociedad civil sostienen que esas medidas vulneran derechos constitucionales y principios democráticos.

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