La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución y se encuentra en fase de elaboración del informe para un segundo debate en el Legislativo.

En la más reciente sesión de la comisión ocasional que discute el tema, compareció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien mencionó que entre 2008 y 2023 se asignaron más de 81 millones de dólares como fondo partidario y 121 millones para la promoción.

En su opinión, la reforma debe mantener recursos para el Instituto de la Democracia (IDD), un órgano autónomo vinculado al CNE que recibe parte del fondo partidario para operar.

El presidente de la comisión ocasional, el legislador oficialista Esteban Torres, indicó que el informe para segundo debate se entregará hasta el 23 de julio y se prevé que la Asamblea apruebe la reforma antes del 27 de julio, fecha límite del trámite legislativo.

Torres señaló que la reforma busca optimizar el gasto electoral y frenar campañas desproporcionadas.

También aseguró que no se abrirá la puerta al financiamiento externo, ya que los topes y regulaciones del Código de la Democracia seguirán vigentes.

Durante el debate legislativo, expertos y académicos propusieron alternativas como la redistribución equitativa del fondo, la creación de un fondo común administrado por el CNE o una regulación más estricta del uso de recursos.

Si bien con ese proyecto Noboa busca suprimir la obligación del Estado de asignar recursos para los partidos y las campañas electorales, expertos y opositores advierten que esos recursos garantizan a sectores históricamente excluidos poder competir en igualdad de condiciones.

El oficialismo aspira a incluir esta reforma en un paquete que será enviado a la Corte Constitucional para su validación y posterior convocatoria a un referendo.

Este proceso incluirá también la enmienda ya aprobada al artículo cinco de la Constitución, que busca permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país.

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