Por orden del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, el exgobernante debe usar el dispositivo en la calle y tiene prohibido salir de noche.

También no puede comunicarse con otras personas investigadas en el proceso por tentativa golpista, ni contactar con diplomáticos ni usar redes sociales.

Asimismo, debe permanecer en su vivienda entre las 19:00 y las 07:00, hora local, incluidos los fines de semana.

Tras la acción policial, Bolsonaro negó ante la prensa que planeara salir del país.

«Nunca pensé en irme de Brasil ni en ir a la embajada», declaró, en respuesta a la sospecha de la PF de que planeaba una posible fuga.

Según De Moraes, el exmandatario actuó junto con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, para interferir en procesos judiciales y hacer declaraciones públicas que vinculaban su amnistía con la suspensión de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Brasil.

Respaldadas por la Fiscalía Gneeral, las medidas responden a indicios de que Bolsonaro intentaba evadir el proceso judicial que lo investiga por liderar un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la posesión del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante los registros, los agentes decomisaron aproximadamente 14 mil dólares y ocho mil reales en efectivo (mil 440 dólares), recursos presuntamente vinculados al financiamiento de actividades de su descendiente en Estados Unidos, quien realiza acciones ante el Gobierno de Donald Trump para presionar al Supremo.

Tener dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero las cantidades superiores a 10 mil dólares estadounidenses deben declararse al Servicio de Impuestos Federales al cruzar la frontera.

La investigación indaga sobre sospechas de coacción durante el proceso, obstrucción a la justicia y amenaza a la soberanía nacional.

El fallo judicial afloró en medio de una crisis diplomática desatada por Trump, quien impuso aranceles del 50 por ciento a productos brasileños y exigió públicamente el archivo de la causa penal contra Bolsonaro, calificándola de «cacería de brujas».

La corte superior mantiene abierta la acción penal por cinco delitos, incluida organización criminal y atentado contra el Estado Democrático de Derecho, tras encontrar evidencias como un decreto para anular los comicios de 2022, descubierto en 2023 en la casa de un exministro de Bolsonaro.

El staff jurídico del político ultraderechista declaró que recibió las medidas con «sorpresa e indignación», y que el expresidente siempre ha cumplido con las órdenes judiciales.

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