En una carta enviada al presidente de la República, Luis Abinader, sostuvieron que el documento perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.

En ese sentido, mencionaron la prescripción de los delitos sexuales contra los menores de edad y el artículo 112, que otorga una exención de responsabilidad penal a las iglesias.

“Este silencio legal ante el dolor y el trauma de miles de niñas y niños víctimas de abuso es, en sí mismo, una forma de violencia institucional”, manifestaron.

Respecto a las iglesias, ambas organizaciones afirmaron que «ninguna sotana, ningún púlpito, debería estar por encima del dolor de una víctima».

Calificaron de “grave” la ausencia total de cualquier mención a la despenalización del aborto bajo las tres causales, en un país donde, añadieron, tantas menores enfrentan embarazos producto de violaciones o está en riesgo la vida de la gestante.

Por otro lado, consideraron que la tipificación del feminicidio sigue siendo inadecuada pues no se reconoce como un crimen autónomo, con lo cual se obstaculiza una respuesta efectiva del sistema judicial ante la forma más extrema de violencia de género.

En su misiva, advirtieron que el Código ignora en su redacción las convenciones internacionales de derechos humanos de las que el Estado dominicano es signatario, así como las recomendaciones y decisiones emanadas de los órganos especializados de Naciones Unidas.

“Este desconocimiento evidencia una falta de voluntad política para armonizar nuestra legislación con los estándares globales en materia de derechos humanos”, agregaron.

Transmitieron al mandatario que “este Código Penal representa una traición a la sociedad y a la justicia” y afirmaron que, en lugar de proteger, abandona.

Pidieron que escuche la voz de los territorios, de las mujeres, de las víctimas, de las organizaciones sociales que trabajan por la vida y la justicia.

La semana pasada el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) de la República Dominicana también consideró una “vergüenza y retroceso” el Código Penal aprobado por el Senado en primera lectura.

Calificó de “aberración” el texto por excluir las tres razones por la que se puede interrumpir el embarazo en el país sin consecuencias penales.

Estas son cuando existe peligro para la madre, malformación del feto y cuando la gestación sea como resultado de violación o incesto.

La segunda lectura del proyecto, prevista para el martes pasado, fue aplazada por el Senado.

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