La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene en la agenda debatir el informe final de la denuncia por los delitos de homicidio y lesiones contra manifestantes en las protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023.
La acusación presentada por el Ministerio Público al Congreso, procedimiento que corresponde al fuero especial de gobernantes, incluye a los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola y los ex tituares de Defensa, Jorge Chavez, y del Interior, Víctor Rojas y Vicente Romero.
La denuncia fue admitida por la subcomisión en noviembre del año pasado, varios meses después de presentada, y se refiere a la primera etapa de las protestas, en la que se produjeron las mayor parte de las 50 muertes de civiles registradas, casi todas por armas de fuego usadas por el Ejército y la Policía Nacional.
La acusación imputa a los denunciados el delito de homicidio y lesiones en agravio de manifestantes desarmados y la subcomisión desestimó anteriormente una denuncia similar pero que imputaba a los exgobernantes el delito de genocidio, porque no se ajusta a este.
Las protestas se registraron por rechazo a Boluarte, debido a que su ascenso constitucional, por sucesión en reemplazo del destituido Pedro Castillo, fue avalado por el Parlamento que intentó vacar (destituir) al gobernante
Con la presidenta Boluarte, sumaron seis jefes de Estado que gobernaron Perú desde 2016 y la lista incluye a Pedro Pablo Kuczynski (2916-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (del 5 al 10 de noviembre de 2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2020).
La mandataria se ha mantenido el poder pese a su elevada impopularidad (más de 90 por ciento la rechaza en las encuestas) y a varios intentos de parlamentarios de destituirla que fueron rechazados por la mayoría derechista del Legislativa, por lo que se considera seguro que el Legislativo correra la misma suerte.
Boluarte se pronunció ayer por la necesidad de que el presidente que sea elegido en abril de 2026, cumpla su mandato de cinco años, por la estabilidad institucional y económica del país
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