Así lo demuestran encuestas y opiniones de analistas al valorar el desempeño del joven presidente en el primer año de su segundo mandato en el que se mantienen cifras de crímenes atribuibles a las pandillas cercanos e incluso inferiores al 1.9 por ciento por cada 100 mil personas logrado en 2024.
Una reciente encuesta ejecutada por el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador (UES), certifican las cifras favorables que reiteran en los últimos años y meses encuestadoras nacionales e internacionales.
El muestreo encontró que la población otorgó un 7.92 de 10 al primer año del segundo mandato presidencial, números que reafirman el amplio respaldo y el reconocimiento a la política de seguridad.
El 78.24 por ciento (ocho de cada 10 ciudadanos) aprobaron la gestión del gobernante quien el 1.° de junio de 2024 inició su segundo mandato, luego de ganar en las urnas en primera vuelta, en unos comicios que críticos consideran inconstitucionales.
Sin dudas, los propagandizados éxitos en el tema alegran a muchos salvadoreños pese a denuncias, criticas de opositores y medios de prensa que acusan al mandatario de encaminar al país por un sendero que se aleja de lo que occidente describe como democracia.
Por ejemplo, este semana la organización Cristosal anunció el cese de operaciones aquí ante lo que calificó de escalada represiva contra críticos del gobierno y defensores de derechos humanos.
Tras 25 años de trabajo en El Salvador, suspendemos operaciones en el país ante la escalada de criminalización’, informó en un comunicado fechado en Guatemala.
El colectivo que trasladó sus esfuerzos a Guatemala y Honduras, denunció que fue víctima de “acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación’, y acotó que ‘El Salvador ha dejado de ser un estado de derecho’”.
La entidad acusó al presidente Bukele y a sus allegados de desmantelar principios básicos de la democracia bajo un estado de excepción permanente (40 veces prorrogado) y con control casi absoluto de todas las instituciones.
El comunicado refirió que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjero es ‘un instrumento de control autoritario’ que ‘impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes’.
Indicó el grupo que manifestar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel: ‘la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder’, señaló.
No obstante, pese a las denuncias, Bukele es muy popular entre sus compatriotas y así lo reflejan diversas pesquisas.
El talón de Aquiles del mandatario es la dura prueba que se impuso de reflotar y hacer avanzar la economía.
Por ejemplo, pese al empeño gubernamental de impulsarla, la inversión extranjera captada disminuyó un 11 por ciento al término de 2024 cuando se incrementó en la mayoría de las naciones de las Américas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
Es un reto para el gobierno evitar que proyectos y planes de desarrollo económico anunciados se queden en promesas, tal como señalan economistas que como Cesar Villalona siguen de cerca lo que califican de “fracasada apuesta económica”.
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