Desde el 1 de julio el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) está fuera de servicio debido a las fuertes lluvias en la provincia amazónica de Napo que pusieron en riesgo las tuberías como consecuencia de la erosión del río Coca.

Ese hecho, unido a la también suspensión del bombeo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), obligó a apagar pozos de extracción, lo cual provocó una caída de la producción nacional de hidrocarburos, que pasó de 464 mil barriles por día a apenas 34 mil.

Las obras para instalar variantes provisionales en los ductos avanzan lentamente, con dificultades técnicas y geográficas, según informaron medios locales.

El Frente de Defensa Petrolero responsabilizó al Gobierno por un “colapso sin precedentes”, atribuible a la falta de previsión, a la mala gestión de Petroecuador y a la inestabilidad administrativa.

Aseguran que la crisis “pudo y debió evitarse”.

Según estimaciones, el país ya habría perdido más de 215 millones de dólares y enfrenta una posible escasez de combustibles.

Organizaciones sociales demandan a la ministra de Energía, Inés Manzano, que comparezca ante la Asamblea Nacional, y exigen al presidente Daniel Noboa un plan de emergencia. Proponen además una auditoría a las múltiples roturas de oleoductos en los últimos años y un nuevo plan integral para el sector.

El economista Marco Flores comentó en su cuentos de X que “esta situación no viene de la nada, ocurre por la inestabilidad, falta de conocimiento y experiencia en la gerencia de Petroecuador.

La erosión regresiva del río Coca, activa desde el colapso de la cascada San Rafael en 2020, ha destruido infraestructura crítica, incluidas carreteras, oleoductos, e incluso amenaza a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

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