Sus abogados buscan que la suspensión durante todo el proceso de apelación, ya que la pausa aceptada por la jueza Loretta Preska quien falló a favor de Burdford Capital y Eton Park Capital Management, al que se sumó el fondo Brainbridge se limita al lapso que dure las actuales presentaciones, y vence este venidero miércoles.

El monto que implica las acciones que Preska adjudicó a esas firmas financistas asciende a 16 mil millones de dólares. Burdford y Eton Park, los principales litigantes favorecidos señalaron, según varias fuentes, que ellos no quieren las acciones porque no les interesa administrar la empresa, sino el dinero.

A través de sus abogados, el Estado argentino presentará su petición este martes 22 de julio luego que los beneficiarios expresaran a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

Su posición trascendió después que el gobierno estadounidense presentó su apoyo al planteo de Argentina mediante un amicus curiae (amigo de la corte) que introdujo su Secretaría de Justicia.

En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama, señaló la agencia de Noticias Argentinas.

En caso de que la solicitud judicial sea rechazada –agregó el medio-, el fallo de Preska se reactivará, obligando a Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.

El dictamen de Preska colocó a Argentina contra la pared, pues de perder este proceso, el control de YPF, uno de los motores principales de su economía, pasaría a manos de los fondos buitres, a quienes ellos vendieran las acciones de marras.

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