La directiva del equipo administrativo y legal de la Presidencia de la República, autoriza a recibir regalos, donaciones y atenciones inclusive de origen internacional, sin límite de valor ni otras acotaciones.

El caso fue revelado por el espacio de televisión Cuarto Poder, que encontró la norma en la página de Internet de la Presidencia y, tras la revelación, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, salió en su defensa, mientras el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, dijo que la norma es ilegal e inaplicable.

Según el ministro, a norma apunta a regular una práctica existente una práctica existente y no representa un conflicto ético y de ninguna manera permite “situaciones comprometedoras para la independencia de cualquier funcionario público”.

Mencionó que se refiere a regalos como los objetos típicos del país de un diplomático y de delegaciones campesinas que visien a un presidente, aunque la directiva aprobada, según hizo notar la prensa local, no consigna límites de valor u otras características del presente.

El exprocurador Maldonado, por su parte, dijo que la directiva es ilegal y regresiva y contradice las altas restricciones fijadas por la legislación anticorrupción desde 2003, incluyendo leyes específicas que restringen al máximo los regalos a gobernantes y funcionarios.

La norma administrativa, añadió, vulnera el Código Internacional de Conducta para Titulares de Cargos Públicos aprobado por las Naciones Unidas y, en síntesis, “carece de valor jurídico alguno” y no debería aplicarse.

La directiva aprobada, agregó, consolida privilegios y “responde a una forma de gobernar basada en el beneficio privado de la función pública”, sobre lo cual recordó el escándalo de la posesión por la presidenta Boluarte de relojes de lujo y otras valiosas joyas que no había incluido en su declaración patrimonial.

El Ministerio Público presentó por ese caso una acusación de presunto peculado y otros cargos a consideración del Congreso para que lo autorice a profundizar las investigaciones, pero el Legislativo, que mantiene un acuerdo tácito de coexistencia con el Ejecutivo, archivó la acusación.

Por otra parte, la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación a la presidenta, Dina Boluarte, por un presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

El presunto aporte ilegal de 150 mil soles le fue entregado por un empresario para el balotaje presidencial de junio de 2021, ganado por Pedro Castillo, encarcelado y destituido en 2022 tras su intento de disolver el Parlamento, cuando Boluarte, como vicepresidenta, asumió la jefatura del Estado por sucesión, pese a que había prometido dimitir dejaba el cargo.

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