Los legisladores Susel Paredes y Héctor Acuña solicitaron a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, que aplique a Ríos el procedimiento de vacancia, por tener ella la potestad de hacerlo, tras confirmarse que el titular fue elegido al cargo en forma ilegal.

Explicaron que la ley de la JNJ establece que uno de los requisitos para ser designado presidente del órgano que nombra, evalúa y cesa a jueces y fiscales, es no haber sido objeto de una sentencia judicial consentida (consolidada) por violencia contra la mujer.

Ríos fue condenado en 2011 por violentar a su exesposa, quien lo denunció por maltrato psicológico y amenazas de muerte, al tiempo que solicitó el pago de una pensión para ella y sus hijos para que desista de una petición judicial contra el excónyuge.

Además, bajo la presidencia de Ríos, el abogado Rafael Ruiz fue retirado de la JNJ, tras descubrirse que fue objeto de una sentencia judicial dolosa.

Lo que extraña a Paredes y a Acuña es que tan grave antecedente no haya sido encontrado o tomado en cuenta por la comisión que nombró el impopular Parlamento para evaluar a los postulantes a integrar la Junta y, según la oposición, para designar juristas afines al Gobierno para reemplazar a los magistrados que culminaron su mandato.

El Legislativo encargó la presidencia de la comisión al defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, quien, ante las primeras noticias de la situación de Ríos, intentó minimizarlas y defender el nombramiento del titular de la JNJ.

El congresista Acuña consideró posible que la comisión conociera la sentencia que descalificaba a Ríos, pero no la tomó en cuenta.

El ministro de Justicia Juan Alcántara comentó que el caso debe ventilarse en las instancias correspondiente y el abogado Vladimir Padilla declaró que Ríos debe renunciar sin esperar que lo destituyan, porque él sabe que su designación era ilegal.

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