En la rueda de prensa habitual de cada lunes, la vocera informó que la fecha prevista para la reactivación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) es el 23 de julio, mientras que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) debería volver a operar el 26 de julio.

El Ejecutivo había anunciado que el 17 de julio se reanudaría el traslado de crudo por el SOTE, sin embargo, no ocurrió y Jaramillo declaró que el tema climático obliga a actualizar los cronogramas.

Aclaró que no están apagados todos los pozos de extracción de crudo y en cuanto al arranque de la Refinería de Esmeraldas, la mayor del país paralizada hace alrededor de un mes, indicó que depende de la reactivación de los oleoductos.

Desde el 1 de julio el SOTE está fuera de servicio debido a las fuertes lluvias en la provincia amazónica de Napo que pusieron en riesgo las tuberías como consecuencia de la erosión del río Coca y su reparación, según Jaramillo, ascenderá a dos millones de dólares.

Ese hecho, unido a la también suspensión del bombeo por el OCP, obligó a apagar pozos, lo cual provocó una caída de la producción nacional de hidrocarburos, que pasó de 464 mil barriles por día a apenas 34 mil.

Las obras para instalar variantes provisionales en los ductos avanzan lentamente, con dificultades técnicas y geográficas, según informaron medios locales.

El Frente de Defensa Petrolero responsabilizó al Gobierno por un “colapso sin precedentes”, atribuible a la falta de previsión, a la mala gestión de Petroecuador y a la inestabilidad administrativa.

Aseguran que la crisis “pudo y debió evitarse”.

Según estimaciones, el país ya habría perdido más de 215 millones de dólares y enfrenta una posible escasez de combustibles.

Organizaciones sociales demandan a la ministra de Energía, Inés Manzano, que comparezca ante la Asamblea Nacional, y exigen al presidente Daniel Noboa un plan de emergencia.

Proponen además una auditoría a las múltiples roturas de oleoductos en los últimos años y un nuevo plan integral para el sector.

El economista Marco Flores comentó en su cuenta de X que “esta situación no viene de la nada, ocurre por la inestabilidad, falta de conocimiento y experiencia en la gerencia de Petroecuador.

La erosión regresiva del río Coca, activa desde el colapso de la cascada San Rafael en 2020, ha destruido infraestructura crítica, incluidas carreteras, oleoductos, e incluso amenaza a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

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