La semana pasada la ministra de Trabajo Jackeline Muñoz presentó la demanda ante los juzgados laborales y acusó a ese colectivo de extorsión, abuso de poder y uso indebido de sus recursos, lo cual lo aparta de los objetivos para lo cual fue creado hace más de 50 años.
En un comunicado, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), indicó que la ofensiva contra el Suntracs ocurre en un momento clave: en vísperas de la renovación de su junta directiva y del inicio de negociaciones con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para una nueva convención colectiva.
En ese sentido, Nelva Reyes, dirigente de Conato, afirmó que la medida es un claro atentado contra la libertad sindical y los derechos fundamentales de los trabajadores.
Además señaló que esta solicitud entraña un punto de inflexión en la estrategia del Ejecutivo para reducir la beligerancia de las agrupaciones sociales en los principales debates nacionales.
Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Panamá estimó que disolver Suntracs sentaría un gravísimo precedente en la historia democrática del país, atentando de forma directa contra uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política: el derecho a la libre sindicalización.
Este derecho, además, está protegido por el Código de Trabajo y respaldado por convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, agregó el mensaje suscrito por el secretario general de los comunicadores, Gilberto Gómez.
“ Hoy es Suntracs, pero mañana podrían ser los gremios magisteriales, sindicatos de trabajadores, asociaciones profesionales, colectivos de servidores públicos o incluso agrupaciones empresariales que se atrevan a disentir o cuestionar políticas gubernamentales”, subraya el documento.
Por su parte, dirigentes del Suntracs y su equipo de abogados anunciaron que recurrirán ante organismos internacionales para denunciar crecientes violaciones a la libertad sindical.
José Víquez, de la dirección de Suntracs, indicó que el sindicato es el de mayor trayectoria en el país y que ha logrado en sus más de 50 años de existencia establecer y negociar 12 convenciones colectivas que incluyen beneficios superiores a los establecidos por el Código de Trabajo, como pólizas de vida para familiares.
Alistamos una nueva negociación y elecciones internas en agosto próximo, un proceso que no se detendrá pese a las presiones y medidas arbitrarias del Gobierno de José Raúl Mulino por desarticular a la agrupación.
“La batalla no ha terminado”, sentenció.
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