Para el organismo, las modificaciones introducidas a través de la Ley de Integridad Pública, aprobada el pasado 6 de junio, “violan el derecho internacional relativo a los derechos de los niños en el sistema de justicia”.

Según el Comité, estas disposiciones castigan con severidad a niños acusados de delitos graves, incluyendo el aumento de la prisión preventiva de 90 días a un año y el incremento de las penas máximas de 8 a 15 años.

En su declaración, la entidad recordó que ya había alertado sobre este tema en observaciones hechas a principios de 2025 y ahora reiteró su preocupación por “el creciente deterioro de la inseguridad y la violencia de las pandillas, el aumento de los homicidios de niños, y el impacto de estos en los derechos de los niños”.

Si bien la ONU acogió con satisfacción la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento infantil por parte de bandas criminales, advirtió que las recientes reformas legales amenazan los derechos de los menores.

“No proporcionan una protección adecuada a los niños que han sido utilizados o reclutados por el crimen organizado”.

Otra de las alertas se relaciona con los planes del Ministerio de Educación para permitir el ingreso de fuerzas del orden en las escuelas ante riesgos inminentes.

Según el Comité, esto “puede amenazar la seguridad de los estudiantes y de la comunidad educativa”.

El organismo internacional instó a Ecuador a “garantizar que las escuelas sigan siendo entornos de aprendizaje seguros, libres de militarización”.

Asimismo, la entidad pidió investigar todas las denuncias de violaciones de derechos cometidas por la policía o militares, “incluido el asesinato de cuatro niños afroecuatorianos en la zona de Las Malvinas de Guayaquil en diciembre de 2024”.

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