En su discurso, Gough expresó su profunda preocupación por «el uso de medidas comerciales como instrumento de injerencia en los asuntos internos de otros países».
Sin embargo, no mencionó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.
Nueve días antes de la implementación prevista del «aumento de aranceles» anunciado por el republicano, el Gobierno brasileño mantiene que no tiene intención de abandonar la mesa de negociaciones.
El día 9, Trump anunció que su administración impondrá un impuesto del 50 por ciento a los productos brasileños vendidos en el mercado norteamericano a partir del 1 de agosto.
Durante su discurso de este miércoles, el representante brasileño enfatizó que tales medidas «están perturbando las cadenas globales de valor y corren el riesgo de hundir a la economía mundial en una espiral de precios altos y estancamiento».
Además, las sanciones unilaterales de este tipo «constituyen una flagrante violación de los principios fundamentales que sustentan la OMC y son esenciales para el funcionamiento del comercio internacional».
La presentación de un recurso ante la OMC fue una de las medidas anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un intento por detener la implementación de tarifas a las exportaciones nacionales en Estados Unidos.
Desde que Lula comenzó a mencionar la posibilidad de que Brasil apelara formalmente ante el organismo internacional, los diplomáticos evaluaron que el órgano de solución de diferencias de la institución está paralizado e incapaz de actuar, e incluso si tomara una decisión, carece de la facultad para implementarla.
Ante esto, creen que cualquier apelación formal representaría un gesto político, sin resultados efectivos.
En este escenario, sugieren que una posibilidad sería que Brasil apelara conjuntamente con otros países afectados por el incremento de gravámenes.
Para el Gobierno, las medidas de Trump constituyen un intento de interferir con la soberanía del país.
También Lula comunicó que considera responder con la Ley de Reciprocidad Económica e imponer aranceles similares si las negociaciones resultan infructuosas.
La disposición permite al Ejecutivo adoptar medidas de represalia contra países o bloques económicos que impongan barreras comerciales, legales o políticas contra Brasil.
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