En conferencia de prensa al término de una misión internacional en el istmo para conocer sobre la represión desatada contra los gremios por parte del gobierno de José Raúl Mulino, el secretario de Fortalecimiento y Organización de la CSA, Marcelo Di Stéfano, adelantó que cuentan con más de 28 testimonios de agrupaciones diversas.

A preguntas de Prensa Latina, el dirigente argentino precisó que nuevamente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- cuya reunión regional será en octubre próximo en Republica Dominicana-, presentarán una relatoría de los atropelles cometidos en un proceso de criminalización de las protestas contra una ley del seguro social.

Di Stéfano agregó que impulsarán que Panamá asista a ese foro como lo establecen las normas, una delegación tripartita (Gobierno, empleadores y trabajadores) y que estén representadas sus centrales obreras afiliadas- Convergencia Sindical(CS), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá-.

Además, respaldarán que una carta suscrita por el secretario general de la OIT, Gilbert Houngbo, sea entregada a Mulino con la solicitud del cese a la violación sindical en una de las 24 naciones señaladas en un listado por esa organización.

También indico que en 2026 presentarán una moción de censura a que Panamá presida el Comité Interamericano de Ministros de Trabajo, toda vez que la titular del ramo, Jackeline Muñoz, ha sido la pieza clave del Ejecutivo para demandar la disolución del sindicato de los obreros de la construcción por encabezar protestas populares.

De otra parte, manifestó la solidaridad con dirigentes sindicales panameños en ese sector, con medidas cautelares tras procesos penales arbitrarios como Jaime Caballero y Genaro López y otros, como su secretario general, Saúl Méndez, asilado ahora en Bolivia; o Erasmo Cerrud, quien permanece en la embajada de Nicaragua en esta capital, víctimas de la persecución judicial.

En la rueda de prensa, la costarricense Gilda Montero, integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, que integran más de 34 millones de docentes, indicó que multiplicarán las voces de reclamo por justicia con sus pares panameños.

A su turno, el argentino Federico Dávila, vicepresidente primero de la Internacional de Servicios Públicos, organismo que aglutina a 30 millones de afiliados en unas 700 organizaciones sindicales, alertó que la arremetida del gobierno panameño forma parte de una política más general de una oligarquía financiera que genera pobreza y migraciones.

La situación de Panamá es de las más graves, opinó, en tanto enfrenta amenazas de la administración de Estados Unidos por retomar el control del Canal y un Ejecutivo promueve acuerdos militares y proyectos mineros e hídricos, los cuales adversan las organizaciones sindicales, su principal barrera de contención.

Al usar de la palabra, los secretarios generales de Conusi, Marco Andrade; y de CS, Eduardo Gil, reiteraron denuncias sobre la militarización en Panamá del Ministerio de Trabajo y las decenas de heridos, fallecidos y desparecidos como resultado de la brutal represión policial contra originarios en la localidad de Arimae (Darién) y en la noroccidental provincia de Bocas del Toro.

La misión internacional de la CSA en la nación canalera concluirá este miércoles con un Acto de Solidaridad del Sindicalismo de las Américas con el Sindicalismo Panameño, con sede en el hotel Torres de Alba, en esta capital.

ro/ga