“Este pronunciamiento representa un hito en la evolución del derecho internacional ambiental y refuerza la urgencia de una acción climática ambiciosa y jurídicamente respaldada”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto agradece que la decisión de la CIJ recoja sustancialmente los aportes presentados por este país en sus escritos y en su intervención oral en reuniones sobre el tema efectuadas a fines de 2024.
La opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU, destaca principios jurídicos como el deber de prevenir daños significativos al entorno, la cooperación, equidad y las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en el enfrentamiento al problema, precisa la Cancillería.
Subraya, además, la necesidad de basar toda respuesta climática en la mejor ciencia disponible y enfatiza en la cooperación financiera, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades.
El fallo de la CIJ calificó al cambio climático como un riesgo universal existencial, causado inequívocamente por actividades humanas, y advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen efectos transfronterizos.
arc/car
