Abogados como Carlos Herrera, representante de los familiares de cinco jóvenes fallecidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, demandó se investigue la posible permanencia en la plantilla de la Policía Nacional de tres agentes condenados en 2011 y ahora beneficiados con la medida presidencial.

La denuncia, interpuesta por Herrera sostiene que los policías Eduardo Bernal, Joél Rodríguez y Maikol González permanecieron en la nómina como si estuvieran en servicio, a pesar de cumplir penas entre 40 y 46 años de prisión en el Centro Penitenciario El Renacer.

Según la denuncia, la condena contra los tres funcionarios quedó en firme el 30 de octubre de 2020, y desde esa fecha la Policía Nacional debía declararlos de baja, ya que el delito por el cual fueron sancionados fue cometido mientras ejercían funciones como agentes del orden público.

También Herrera señaló que la Policía Nacional no ha cumplido con un fallo de la Corte Suprema de Justicia con diversas sumas de indemnización a las familias de las victimas y recordó que el incendio que provocó sus muertes se originó cuando una bomba lacrimógena lanzada por agentes provocó la ignición de un colchón.

A juicio del letrado, citado por el diario La Prensa, esta medida del jefe de Estado manda un mensaje funesto, pues el delito ocurrió precisamente cuando Mulino era ministro de Seguridad, por lo que de esta manera respalda que ese tipo de situaciones queden en impunidad. El abogado presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción luego de corroborar que los policías siguieron cobrando después de la condena, añadiendo que algunos incluso se llegaron a jubilar mientras estaban detenidos.

“Parece que no hay certeza del castigo y que hay impunidad para el que de alguna u otra manera tiene relación con el órgano Ejecutivo”, remarcó.

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