“Se ha hecho conocer hoy (jueves) al juez, con todos los informes correspondientes, que no existen las condiciones materiales y físicas para trasladar al privado de libertad”, afirmó Limpias en declaraciones a la prensa respecto a la vista oral y pública prevista para mañana viernes.

Informó que la decisión se basa en un informe del director del penal paceño de máxima seguridad de Chonchocoro, en el cual se establecen riesgos y carencia de condiciones físicas y materiales para el traslado de Camacho al departamento del cual es gobernador electo.

Limpias enfatizó que el procedimiento se ajusta a lo establecido por la normativa vigente, que faculta a los directores penitenciarios a informar sobre cualquier impedimento operativo ante los juzgados competentes.

“Si se hiciera caso omiso a los informes de seguridad y llegara a pasar algo, la responsabilidad recaería sobre el director del penal”, advirtió la autoridad.

Aclaró, sin embargo, que existe disposición para cumplir las órdenes judiciales, pero insistió en que la seguridad del interno y del personal a cargo del operativo es prioritaria.

“Nosotros hemos trabajado con responsabilidad -subrayó el director-, solicitando peritajes y valorando todos los informes”.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que Camacho participe de la audiencia de manera virtual desde el recinto penitenciario.

El expediente denominado “Decretazo” surgió a raíz del Decreto Departamental 373, emitido por Camacho en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.

Tal normativa determinaba que su reemplazante temporal no sería el entonces vicegobernador Mario Aguilera, sino uno de sus secretarios, lo que fue observado como una irregularidad administrativa y política.

Camacho también es procesado en el juicio Golpe de Estado I, y según la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.

El acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que no respaldaran al entonces presidente Evo Morales, en medio del golpe de Estado que culminó con la renuncia de este el 10 de noviembre de ese año.

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