Según un comunicado emitido este jueves por los Ministerios de Economía y Finanzas y Salud Pública, en esos desembolsos están incluidos recursos para las clínicas que realizan el servicio de diálisis, aunque pacientes renales y representantes de esos centros reclaman una millonaria deuda.
De acuerdo con los datos oficiales, durante el primer trimestre de 2025 se desembolsaron 108 millones de dólares para cubrir obligaciones relacionadas con diálisis, alimentación, limpieza y seguridad del sistema de salud.
Mientras que en los meses de abril, mayo y junio, el monto ascendió a 247 millones, para “mantener la operatividad y atención”.
Además, hasta el 18 de julio se abonaron otros 48 millones, lo cual para el Gobierno, “ratifica la voluntad de continuar brindando acceso a la salud de forma gratuita”.
Esta aclaración del Ejecutivo respecto al presupuesto destinado a la salud llega luego de que pacientes y profesionales del sector denunciaran la falta de medicamentos, insumos y personal en centros de asistencia.
Con carteles en mano, ciudadanos y profesionales de la salud alzaron su voz la víspera a favor de una atención adecuada.
El doctor Eduardo Parra, de la Asociación de Profesionales del hospital Pablo Arturo Suárez, declaró que allí falta todo y afirmó que es lamentable que las personas para ser atendidas deban comprar los insumos.
Algunos de los pacientes mencionaron que, además de los medicamentos, faltan reactivos para realizar exámenes de laboratorio.
Asimismo, el doctor Juan Barriga manifestó que varios quirófanos están subutilizados por la falta de personal, por lo que la lista de espera para una cirugía puede tardar meses.
La semana pasada representantes de más de 19 mil pacientes renales de Ecuador solicitaron apoyo a organismos internacionales, como la ONU, para mediar con el Gobierno de Daniel Noboa en medio de las deudas con las clínicas dializadoras.
A pesar de estos problemas y de una ejecución presupuestaria del 11,8 por ciento en lo que va de 2025, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Parlamento) votó en contra de un exhorto para que el Ejecutivo declarara al sector en emergencia.
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