Desde que dejó la presidencia en enero de 2023, Bolsonaro ha sido blanco de múltiples investigaciones en el Supremo Tribunal Federal y en otras instancias judiciales.
Entre las principales causas aparecen su supuesta participación en intentos de deslegitimar el proceso electoral de 2022, su vinculación con los actos golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia y la difusión de noticias falsas durante su mandato.
La justicia investiga también si el excapitán del Ejército lideró una organización criminal dedicada a atacar las instituciones democráticas y manipular la opinión pública a través de redes sociales y medios de comunicación afines.
En junio de 2024, el exmandatario fue formalmente acusado de obstrucción a la justicia y violación de medidas cautelares, lo que llevó a la corte superior a endurecer las restricciones en su contra.
La imposición de una tobillera electrónica, el toque de queda y la prohibición de uso de redes sociales buscan evitar que el político ultraderechista utilice su influencia política para interferir en las investigaciones.
No obstante, De Moraes aclaró que en ningún momento se le ha prohibido conceder entrevistas o realizar discursos públicos o privados, siempre que respete los horarios estipulados por las medidas judiciales.
La resolución emergió tras una polémica declaración de Bolsonaro en la Cámara de Diputados, en la que mostró la tobillera electrónica que debe usar por orden judicial.
El exmandatario calificó el dispositivo de «símbolo de máxima humillación». El video de sus declaraciones fue posteriormente publicado en redes sociales por sus aliados, incluido su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien también tiene prohibido comunicarse con su padre por orden judicial.
Según De Moraes, esta acción representa una infracción a las medidas impuestas, pues se utilizaron plataformas digitales de terceros para difundir contenido relacionado con el exparacaidista, algo expresamente prohibido.
Aun así, el ministro consideró que la irregularidad fue aislada y que no hay indicios de reincidencia, por lo que no decretó prisión preventiva en esta ocasión.
«No hay dudas de que hubo una violación a la medida cautelar, pues las redes sociales del diputado Eduardo Bolsonaro fueron utilizadas en beneficio del expresidente», señaló el juez en su fallo.
A pesar de sus reiteradas declaraciones de inocencia, el cerco judicial se sigue cerrando y varios de antiguos aliados de Bolosnaro ya aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia, incrementando la presión sobre el exgobernante (2019-2022).
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