El presidente del FUT, Edwin Bedoya, señaló este jueves en rueda de prensa que en los próximos días precisarán la fecha de las protestas, aunque comunicaron que posiblemente esta misma tarde realizarán un plantón en las afueras del Ministerio de Trabajo.

«Hemos decidido tomar acciones jurídicas y de movilización, de hecho tenemos fechas tentativas; en cambio, otras activaciones se desarrollarán desde hoy», afirmó Bedoya, que llamó a otros colectivos a sumarse a las acciones.

Según comentó, con la «mal llamada» e «inconstitucional» Ley de Integridad Pública, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa busca sacar de sus puestos a unos 50 mil empleados del sector público.

En opinión del líder sindical, el objetivo del Ejecutivo es cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, (FMI), organismo que esta semana aprobó un aumento del crédito para Ecuador.

“Los recursos recientemente recibidos servirán para despedir trabajadores del sector público”, aseveró Bedoya.

El FUT y otras organizaciones presentaron ya ante la Corte Constitucional varias demandas contra la Ley, aprobada en junio pasado y que reforma cuerpos legales relacionados con la contratación pública, la gestión tributaria, el sector financiero y la administración estatal.

«Nos asombra el silencio de la Corte Constitucional y esperamos que no se convierta en cómplice de la conmoción social, porque sospechamos que se aproxima un deterioro de las condiciones de vida de la población», apunto Bedoya, para quien podría existir «persecución» contra los dirigentes sindicales.

El legislador Lenin Barreto, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), también alertó que con el texto legal vigente se está abriendo la puerta a despidos arbitrarios, ya que los nombramientos provisionales podrán terminarse sin previo aviso, sin evaluación, sin requisitos y sin estabilidad.

Además, Barreto precisó que ahora el Ministerio del Trabajo podrá iniciar «evaluaciones de desempeño» de oficio, cuando le dé la gana, sin garantías, sin derecho a defensa y con fines claramente políticos.

En un inicio, el proyecto de ley era específicamente para modificar el proceso de contrataciones en el sector público, sin embargo el Legislativo incorporó otros cambios, incluidas reformas penales.

Entre ellos hay cambios en el Código de la Niñez y Adolescencia, al endurecer penas para adolescentes que cometen delitos, cuya pena máxima pasa de ocho a 15 años y la prisión preventiva se extiende de 90 días a un año, algo cuestionado por organismos como Unicef.

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