La Fiscalía de la Nación informó ayer la presentación de la denuncia constitucional contra Castillo, sus exministros Betssy Chávez (también encarcelada), Juan Silva y Juan Prado, así como 23 parlamentarios.

Los nombrados son acusados de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, o de alguno de estos por negociar votos congresales para direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento y Producción.

La subcomisión de Acusaciona Constitucionales, encargada de evaluar la denuncia en primera instancia, tiene 15 días de plazo para su investigación, pero antes su nueva composición será elegida por el pleno, posiblemente la próxima semana.

Castillo y Chávez, entre otros, son objeto desde hace meses de un juicio por rebelión y otros cargos, por intentar la disolución del Parlamento, lo que no fue acatado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta, al contrario, lo capturó.

Tras el fracasado intento, el hasta entonces mandatario fue apresado y vacado (destituido) por el Congreso adverso y sometido a un juicio, en el que niega haber cometido el delito de rebelión y se considera presidente prisionero.

La defensa de Castillo alega que el Código Penal establece que cometen ese delito quienes se alzan en grupo con armas, lo que no ocurrió exactamente.

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