Los insurgentes, tras la firma de la Declaración de Principios junto a los representantes de Kinshasa, realizada el 19 de julio en Doha, remarcaron que no estarán el 8 de agosto en Qatar para un diálogo con vistas a un acuerdo de paz definitivo si no se implementan antes las acciones previstas en el documento ya suscrito.
“¿Qué haremos en Doha si nuestros prisioneros aún no son liberados? Porque la declaración establece que esta cláusula debe implementarse antes de pasar a la siguiente etapa”, subrayó ante la prensa el secretario permanente del M23, Benjamin Mbonimpa.
Sin embargo, las exigencias de los insurgentes en cuanto a las llamadas medidas de confianza previstas en la Declaración van mucho más allá de la liberación de prisiones y ponen en riesgo el avance de las conversaciones para una solución definitiva del conflicto.
Además de la violación del alto al fuego inmediato, algo que también ha incumplido el Gobierno de RDC, la AFC/M23 aspira a que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, declare personal y solemnemente la voluntad política de mantener conversaciones directas con los rebeldes.
De acuerdo con un documento divulgado por el portavoz de la coalición Lawrence Kanyuka, también quieren la derogación de la resolución de la Asamblea Nacional adoptada el 8 de noviembre del 2022 y de otras medidas restrictivas.
Se suman a las exigencias la anulación de todas las condenas a muerte, persecuciones judiciales y mandatos de arresto contra los dirigentes de la AFC/M23; así como la liberación de todos los prisioneros.
Igualmente esperan que el Gobierno ponga fin y sancione los discursos de odio, así como la persecución y la discriminación contra personas de otras etnias y lenguajes que, según los rebeldes, son acosados bajo el pretexto de colaborar con Ruanda.
La AFC/M23 indicó entre las medidas de confianza, además, la libre circulación de personas y bienes, el reconocimiento de la documentación y la reapertura de servicios bancarios y otros en las zonas bajo control de los insurgentes.
Asimismo, demandó la devolución de los bienes expropiados a la coalición.
Las exigencias del grupo armado ponen en riesgo las negociaciones para la paz, pues muchas de ellas implican el reconocimiento de las autoridades paralelas que se establecieron por la fuerza en localidades del este del país, además de conferir inmunidad a personas cuyos crímenes son reconocidos incluso por instituciones internacionales.
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